El exceso de ruido es una problemática que existe constantemente día a día en nuestros entornos sociales y muchas veces nosotros como ciudadanos conocemos como podemos proteger nuestro derecho a ser libres de este tipo de contaminación, pero no cómo se fue implementando y mejorando este derecho que se utiliza.
Primeramente, debemos tener el concepto de discapacidad auditiva muy estudiado, para esto la entendemos como “la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo.” (DIF, s.f.). Las causas también son muy relevantes, ya que hay diferentes formas por las cuales se adquiere esta discapacidad: congénita, hereditaria o genética, y dependiendo el tipo de consecuencia es como se busca tratar y manejar.
No se conoce exactamente en México cuando se llegaron a presentar los primeros casos de “sordera”, pero se sabe que “hacia 1866, cuando arribó a México el maestro francés Eduardo Huet, quien sería el fundador de la primera escuela para sordos en el país, las circunstancias seguían siendo las mismas. El escenario empezó a cambiar en 1867 con la creación de la ENS. Esa institución, que utilizaba señas para educar a sus alumnos, permitió que sordos que antes no se conocían crearan fuertes vínculos sociales, edificando una identidad propia basada en la comunidad lingüística que formaron.” (Jullian, 2018).
Dentro de la educación en el gobierno de México vemos que el Sistema Nacional DIF comienza a hablar de la discapacidad auditiva apenas en junio del 2017 y dentro de la ley aprobada en agosto de 2018 acerca la reforma sobre la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por lo que vemos en las fechas que realmente no se ha tenido un avance a gran escala para educar a las personas acerca de esta condición.
Por: Jimena Ortega Villegas 9 de junio 2021